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Esta directiva europea, de llegar a ser adoptada, tendría como consecuencia que todos los servicios suministrados en la Unión Europea serían considerados como cualquier producto económico. De esta forma, sectores esenciales como la cultura, la educación, la atención sanitaria y todos los servicios dependientes de los sistemas nacionales de protección social podrían estar sujetos a las mismas formas de competencia económica que las mercancías.
Esta evolución supondría inevitablemente el deterioro de los sistemas públicos de pensiones, de las ayudas sociales o del sistema sanitario, en favor de los sistemas privados. Igualmente significaría la desregulación de nuestros sistemas educativos y el final de toda forma de excepción cultural. Además, la aplicación de esta directiva pondría en cuestión los derechos de los trabajadores consagrados por las leyes nacionales de los países de la Unión.
Desde el pasado Marzo, algunos partidos políticos e instancias nacionales europeas (asociaciones, sindicatos, etc) habían hecho sonar la alarma e invocado a la movilización de las fuerzas progresistas para luchar contra este proyecto de Directiva que entraña una regresión social.
A pesar de estos esfuerzos, una gran mayoría de Estados miembros se muestra hoy día favorable a la adopción inmediata de este proyecto de Directiva. Se trata de una decisión que no precisa unanimidad por lo que ningún gobierno, y menos todavía un partido político, puede impedir por sí solo la adopción de esta Directiva.
De esta manera, sólo una fuerte movilización de la sociedad civil dentro de la Unión podría impedir este desar rollo.
Es urgente reaccionar.
Para
decir claramente NO a una Europa de la regresión social puedes firmar la petición electrónica.
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