El narcopresidente colombiano Álvaro Uribe recibió todas las bendiciones de George Walker Bush por su violación de la soberanía ecuatoriana y el asesinato de Raúl Reyes y sus compañeros de las FARC. También criticó a Hugo Chávez. Con estos modos, Bush pretende diversos objetivos. Reafirmar el papel del paramilitar Uribe como principal agente de su política en la región, presionar al Congreso para que apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Bogotá, minimizar la derrota política del aliado colombiano por la condena unánime de los países latinoamericanos a la operación militar en territorio ecuatoriano, romper los leves avances de integración regional logrados hasta ahora bajo el impulso de Hugo Chávez, quebrar su liderazgo en la libertad de los rehenes en manos de las FARC como paso primero hacia la paz en Colombia, y justificar de antemano futuras agresiones militares en el nombre de la guerra mundial contra el terrorismo. Al fondo, la existencia de gobiernos nacionalistas en Venezuela y Ecuador, indeseables para el neoliberalismo, con grandes reservas de petróleo. Chávez y Correa deben someterse al Destino Manifiesto o desaparecer del mapa latinoamericano.

Los colombianos, por su parte, tienen que someterse a un régimen brutal que aplasta los derechos humanos y soportar millones de desplazamientos internos por culpa de la guerra civil larvada, el asesinato repetido de sindicalistas y líderes de otras organizaciones populares, la impunidad de los sicarios, el hambre y la miseria sembrada por las prácticas económicas neoliberales. Todas las instituciones colombianas, ejército financiado por Washington incluido, están penetradas por el paramilitarismo ligado a miles de crímenes horrendos y al narcotráfico, así como al robo de tierras a los campesinos. De hecho, estos bandidos han sido amnistiados por Uribe. El Congreso, sin ir más lejos, cuenta con no menos del 30% de sus miembros seleccionados por agentes de ese fenómeno que en Colombia llaman la parapolítica.

Los medios de comunicación colombianos, atados al Plan Patriota, intentan ocultar este drama, acompañados por sus colegas extranjeros que defienden los intereses de las grandes empresas imperialistas, también las españolas. Este Estado es el que pretende utilizar Bush como ariete contra sus vecinos en nombre de la democracia y la libertad. Uribe está atrapado por su propio papel y las fugas hacia delante (como la incursión militar en Ecuador o la negativa a negociar el canje humanitario) le permiten seguir actuando contra su propio pueblo amparándose en el amo del Norte y en la impunidad más vergonzosa para sus crímenes. Pero Colombia viene a ser el eslabón más débil de la cadena imperialista en América Latina por su crisis social interna y porque Uribe resulta impresentable como paradigma de gestor democrático.

De ahí que la solidaridad con los trabajadores y campesinos colombianos y contra la represión que sufren (así como la denuncia del papel de Uribe y los gringos contra los procesos de integración latinoamericana), no sólo es necesaria para sostener sus luchas en condiciones terribles, sino además porque contribuye políticamente a cortarle la hierba bajo los pies al principal cipayo de Estados Unidos en el continente americano. No estoy muy seguro, como sostienen algunos, de que el papel designado por Washington al Estado colombiano sea el equivalente al jugado por Israel en Oriente Medio. Pero se parece mucho. Nos encontramos ante un proyecto de nuevas intervenciones estadounidenses en América Latina. Hay que exigirle al Gobierno de Zapatero que deje de venderle armas a Uribe y a los medios de comunicación españoles que detengan su vergonzosa campaña en defensa de un narcopresidente.