El debate sobre la población en Canarias no es nuevo. Desde los años 80 se comienza a hablar entre las organizaciones de  la izquierda nacionalista de la necesidad de poner límites a “un modelo de desarrollo”  cuya irracionalidad nos llevaría, más temprano que tarde,  a la quiebra del territorio donde habitamos. Este sistema económico generaba (y genera) gravísimas dificultades  a nuestro pueblo porque  agota nuestro suelo y recursos naturales,  genera empleo estacionario, por tanto inestable,  y permite la entrada de los grandes capitales foráneos  vínculados a la industria turística. Además, en lo referente al mercado laboral se producían  problemas añadidos  tales como la importación de los cuadros de dirección de las instalaciones hoteleras  de los países de origen del capital. En este contexto y mucho antes del año 94, fecha en la que llego la primera patera a la isla de Fuerteventura, nació la reivindicación de una Ley de Residencia para Canarias,  como una medida más para salvaguardar  los intereses de las islas. Nunca pensamos que alguien la quisiera  transformar en una nueva y folklórica “Ley de Extranjería”.

Y eso es, exactamente, lo que se pretende el próximo domingo con la convocatoria realizada por CONCAVE (Confederación Canaria de Vecinos) y la Fundación Identidad Canaria, y vociferada por el periódico el Día, en la isla de Tenerife de una manifestación a favor de una “NORMA REGULADORA DE LA RESIDENCIA POBLACIONAL EN LAS ISLAS” . He leído y releído sus “Diez razones para manifestarse el 29 de octubre”  y sigo  sin entender nada.

Partiendo de hechos objetivos tales como, que  sólo el 52% del territorio del Archipiélago es apto para el hábitat humano; que seguimos teniendo un alto índice de desempleo (muy por encima de la media del estado español), que nuestros niveles de pobreza aumentan; etc.; llegan a la lúcida conclusión de que el problema es la inmigración denominada “ilegal”. Es necesario, por tanto, manifestarse a favor de un control efectivo de la inmigración.

Lo primero que no entiendo es porque un inmigrante con papeles ocupa menos espacio en nuestro territorio que uno que no los tenga. Pero guasas aparte, porque el tema es grave, no he encontrado en todo el documento un solo cuestionamiento del modelo de desarrollo económico que se impone al Archipiélago; tampoco se cuestionan las auténticas razones por las que en estos momentos llegan  a Canarias personas en cayucos arriesgando sus vidas; ninguna relación se estable entre su pobreza y la nuestra. Los convocantes se pierden en un alegato contra las mafias (los Sorias se multiplican por todos lados) obviando un principio básico de economía: “cualquier demanda genera su propia oferta”.  

Hagamos, por unos instantes, política ficción. El Parlamento de Canarias ha aprobado una Ley de Residencia; España y Europa se lo han permitido. Nos encontramos en el primer día de vigencia de la ley; llega a nuestras costas un cayuco ¿Qué haremos con sus ocupantes? ¿Qué establecerá esa norma reguladora para estos casos?  Ya se les encarcela, por cierto sin haber cometido ningún delito, ¿los fusilamos?, ¿los echamos a los tiburones?, ¿pensamos construir una valla alrededor de cada isla y pediremos el santo y seña a cada nave que se acerca para decidir si los dejamos entrar o no? Efectivamente, esta es la política de lo absurdo. Ya existen suficientes vallas y muros en el mundo y ninguno ha conseguido, ni tan siquiera el poderoso Atlántico, detener los actuales movimientos migratorios. La única frontera que éstos reconocen es la existente entre el hambre del sur y la opulencia del norte y ésta están dispuestos a saltarla como sea, igualito que hemos hecho los canarios y canarias cuándo no nos cabía en el cuerpo más gofio y cebolla.

Si realmente nos importa el territorio en el que vivimos debemos luchar por soluciones eficaces. Los propios convocantes dicen en sus “Diez razones” que la inmigración africana, impulsada por la miseria, alcanza los costas canarias (los que no mueren en el camino) en su búsqueda de una ruta hacia Europa, pues dos son los objetivos por los que tenemos que luchar: que se acabe esa miseria y que puedan ir donde realmente quieran, o, lo que es lo mismo, que sea inmediatamente derogada la Ley de Extranjería. Esas son las soluciones reales a sus problemas y a los nuestros. En lugar de combatirnos unos trabajadores y trabajadoras a otros y  otras, hagamos alianza común  para alcanzar esos objetivos porque, de Canarias o de fuera, estamos hablando de la misma clase obrera.