Si a los hechos nos circunscribimos, la hipocresía política parece acompañar en Canarias a algunas de las iniciativas que persiguen recuperar la Memoria Histórica para el reconocimiento y homenaje a aquellas personas que con el alto precio de su vida, contribuyeron sobremanera al logro de las libertades públicas. No se trata sólo de que la mayoría de proposiciones llevadas a las instituciones y corporaciones públicas de las Islas, acaben sistemáticamente bloqueadas o edulcoradas por la escasa convicción de sus ponentes, la absurda cobardía o los inconfesables sentimientos de añoranzas a la dictadura, es además la constatación de que ningún grupo político del actual arco institucional canario queda eximido de la utilización miserable y sectaria de la Ley de la Memoria Histórica , importándoles poco en la práctica el resarcir la importante deuda moral que nuestra sociedad tiene contraída con las innumerables víctimas de la represión, pero especialmente con uno de sus ilustres y hasta hoy, ignorados hijos.

Nos referimos a Javier Fernández Quesada, el estudiante de Biológicas de la Universidad de La Laguna que en la aciaga fecha del 12 de diciembre de 1977, era alcanzado por disparos de la Guardia Civil tras una manifestación en la que los universitarios mostraban su solidaridad con la huelga general convocada en Tenerife por varios colectivos de obreros que desde semanas atrás mantenían un paro en reivindicación de mejoras laborales.

Tras 30 años en los que el caso de Javier Fernández Quesada se ha querido condenar por los sectores gubernamentales a las tinieblas de la historia, Intersindical Canaria, no sin antes tener que superar determinados recelos políticos, promovió la presentación de una moción al pleno de la Corporación lagunera para dar la denominación del estudiante a una calle o plaza del municipio. Transcurridos cerca de dos años de la aprobación por unanimidad de la moción, el acuerdo municipal continúa sin cumplirse por la mayoría de gobierno de Coalición Canaria. Para no ser menos, posteriormente, el actual Secretario general del PSOE en las islas, López Aguilar, en diciembre del pasado año, en un acto público junto a los diputados canarios de su partido en el Parlamento español, se sumó electoralistamente al reconocimiento de Javier Fernández Quesada como símbolo canario de la lucha por las libertades, asegurando que su partido extendería al estudiante los beneficios de la Ley de la Memoria Histórica. El Sr. López Aguilar y sus correligionarios, ciñéndonos a los hechos y por el tiempo ya transcurrido, vuelve a practicar similar desmemoriamiento que el anterior régimen, con el agravante añadido de faltar a su compromiso. Pero es que tampoco la opinión de la universidad canaria parece influir en el afable talante del Sr. Zapatero y su Gobierno, cuando la solicitud realizada por el primer centro docente canario para que su honorable alumno sea objeto del reconocimiento como mártir de las libertades, tampoco ha merecido aún respuesta.

Creemos contar con el privilegio que nos da los años para, en el contexto histórico que va desde la dictadura a la actual y timorata democracia, poder analizar lacerantes discriminaciones como la que aún se impone a nuestro mártir Javier. Precisamente ahora que se reivindica la memoria histórica como sano ejercicio de recuerdo, convivencia y tolerancia, bueno es remontarnos al año 1977 cuando el primer gobierno español salido de las urnas, decretó la Ley de Amnistía que dejaba en libertad a todos los represaliados por el régimen de Franco. No sabemos si también como consecuencia de la convicción de las autoridades estatales de que Canarias no es España, los presos políticos canarios, mayoritariamente nacionalistas, solo pudieron salir de prisión tiempo después de que lo hiciesen la totalidad de encarcelados de todas las comunidades españolas. Previamente, la asociación Solidaridad Canaria tuvo que desarrollar en la semiclandestinidad una campaña en favor de la amnistía de los presos políticos canarios.

Continuando con similares discriminaciones, el estudiante Javier Fernández Quesada, es hoy también el único muerto por la democracia y las libertades al que se le niega la condición de tal, muy posiblemente, y ello es lo que más grave, por profesar un ideario político antifascista que, añadidamente, reivindicaba la libertad de Canarias frente a la pretendida españolidad de nuestro Archipiélago.

Incumplir su propio acuerdo plenario de reconocimiento de Javier, tal como hace la corporación lagunera, supone un fraude a la democracia y a las normas por la que se rige el consistorio. Hacer condicionar la aplicación de los beneficios de la Ley de Memoria Histórica a la obligada coincidencia ideológica de las víctimas con la de las ocasionales mayorías de gobierno del ámbito municipal o estatal, supone una evidente e inadmisible prostitución de la Ley y una vil utilización partidista de los principios que la inspiran.

Por acción u omisión, tanto el PSOE como Coalición Canaria insisten en pretender ignorar una importante página de la historia de pueblo canario en la lucha por las libertades y la democracia, materializada en el ignominioso asesinato del joven universitario canario de 23 años de edad que en un acto de infinita solidaridad, vio su vida cegada por el apoyo a la reivindicaciones de los obreros tinerfeños desde la óptica de liberación nacional de su tierra.

Sirvan como reflexión final, las palabras expresadas por la madre de Javier, doña Dolores Quesada, en el acto de homenaje celebrado el pasado 12 de diciembre en la Universidad de La Laguna , justo en el lugar donde cayo muerto su hijo: “En todos estos años, ninguna autoridad o gobierno me han dado una explicación de por qué murió Javier”.