Según avanzan las fatídicas agujas del reloj, la sucesión de datos y noticias en torno el trágico accidente aéreo acaecido el pasado miércoles en el aeropuerto de Madrid, empujan hacia el lado más dramático y funesto. El latigazo recibido por la comunidad canaria ante la incomprensible muerte de un alto número de compatriotas que desde Barajas se disponían a regresar a su tierra, ha dado paso a un mantenido sentimiento de indignación e impotencia colectiva ante la evidencia que está nueva y funesta página de la historia de nuestras islas podía haber sido evitada

Horas antes del suceso, cual presagio, algunas voces ya denunciaban el caos de gestión de Spanair, una compañía en la que sus diferentes departamentos son compartimentos estancos sin coordinación. Meses atrás, los representantes de los trabajadores hacían llegar a la dirección de la empresa aérea su convicción de que el desconcierto operativo y la falta de recursos de la compañía estaban poniendo en riesgo a los pasajeros. Personal del aeropuerto madrileño acusaban a la misma compañía de deficiencias en el servicio técnico encargado del mantenimiento y reparación de los aparatos, y es solo tras el accidente cuando es conocida la intención de la compañía de retirar el modelo de aeronaves que provocó la tragedia, según la empresa por el alto consumo de combustible, aunque la razón inconfesable podría ser la reiteración de averías y el desgaste de las máquinas voladoras de una firma comercial con descenso acelerado de sus beneficios. Queda ahora por dilucidar -si ello algún día ocurre-, la conformidad o reticencia del comandante y la tripulación del MD-80 para realizar el segundo y mortal despegue y si este se produjo tras presiones de los responsables de Spanair en un intento de evadir los sobrecostes añadidos que conlleva la suspensión definitiva de un vuelo de largo trayecto, ello aún poniendo en grave peligro la vida de 173 personas.

Evidentemente, la mordaza mortal impuesta ahora a los miembros de la tripulación, es utilizada por los responsables de la compañía en su sucesión de lacónicos e ininteligibles pretextos que, por activa o pasiva, pretenden esconder la escalofriante cifra de más de mil muertos, resultado de los siete graves accidentes sufridos por el mismo tipo de avión en los últimos ocho años

Nos resistimos a dar por válida la teoría de la fatalidad para justificar la alta frecuencia con que nuestras islas ocupan la primera plana de la crónica negra de los medios de comunicación estatales e internacionales. Esperamos y exigimos que los compromisos del Gobierno de España para llegar “hasta donde sea necesario” en la investigaciones para concretar las causas y las responsabilidades habidas en el accidente aéreo, sean diligentes y efectivas.

En estas fases últimas de la horrible pesadilla, cabe preguntarse si el temor instintivo manifestado por algunos de los pasajeros y su deseo de abandonar el avión, no era motivo suficiente para no insistir en el fatídico y repetido despegue. ¿En sus macabras finanzas, por cuantos euros estaba dispuesta Spanair a sacrificar la vida de cada pasajero?

Creemos que ante la magnitud del siniestro, la Fiscalía General del Estado y el Poder judicial con competencias en el caso, tendría ya que haber accionado todos sus operativos, ejecutando incluso las acciones preventivas previstas en el ordenamiento jurídico español, procediendo, incluso, a la detención de aquellos mandos de la compañía aérea sobre los que pudiese recaer indicios suficientes y razonables de culpabilidad (todos iguales ante la Ley).

No sólo porque los familiares de las víctimas, claman justicia y verdad; también porque todos los canarios demandan explicaciones del por qué la mortal guadaña ha cegado inútilmente la vida de tantos de nuestros hombres, mujeres y niños. Pero además y principalmente, para desterrar la sospecha que este sobrecogedor accidente nada ha tenido que ver con el destino geográfico del vuelo y que los medios de desplazamiento y seguridad utilizados para la ruta aérea entre Madrid y el Archipiélago, no eran inferiores a los disponibles para cualquier otro punto de la geografía española o europea.

Bien está la amplia campaña de apoyo y solidaridad que el Gobierno viene desarrollando hacia los familiares y allegados de las víctimas, pero para que estas condolencias con el tiempo no se convierta en una nueva escena de macabra hipocresía, exigimos la depuración de responsabilidades políticas en las posibles negligencias cometidas por el organismo, Aviación Civil, y paralelamente a ello, la ejecución de todas las acciones políticas y materiales de los poderes del Estado para que hechos como el que hoy estremecen a nuestra nación canaria, nunca jamas vuelvan a repetirse.