El Gobierno marroquí no puede seguir incumpliendo sus compromisos y obligaciones internacionales. En protesta por las condiciones infrahumanas en la que se encuentran, hace semanas que 60 presos políticos saharauis en cárceles marroquíes llevan a cabo una huelga de hambre para reivindicar derechos elementales y legítimos recogidos por todas las normas internacionales referidas a los presos. Los saharauis reclaman simplemente que se les trate como tales, a lo que las fuerzas de ocupación han respondido con la indiferencia o la represión. Aparentemente, esperan desenlaces fatales sin que la opinión pública llegue siquiera a enterarse. Por otro lado, Marruecos está realizando maniobras militares en territorios del Sáhara Occidental, en una nueva provocación contra las negociaciones de paz.

Particularmente grave es el estado de salud de Said el Beilal, de Brahim Sabar, secretario general de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, y de Louali Amildan, quien fue detenido y torturado en cuatro ocasiones y que ya realizó otra huelga de hambre. Tanto ellos como el resto de sus compañeros, presos políticos, deben ser escuchados por las autoridades marroquíes y reconocerles sus derechos.

Hay que romper el cerco del silencio en torno al Sáhara Occidental. Las autoridades canarias, los partidos políticos, los sindicatos y el resto de las instituciones deben dirigirse al Gobierno marroquí urgentemente, exigiéndole respeto por los derechos humanos en general y por los presos políticos saharauis cuyas vidas corren serio peligro. Además, y como escribe José Taboada (presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui -CEAS/Sáhara-), “instamos al Gobierno español para que asuma, claramente y sin ambigüedades, la responsabilidad que tiene con el pueblo saharaui”.

Lucy Rodríguez

18/marzo/2008

Las Palmas de Gran Canaria