Transcurrido un año desde el fatídico accidente aéreo de Barajas en el que murieron 154 personas, la mayoría de ellas canarias, la actuación de las administraciones públicas españolas y canarias no pueden tener un balance más ignominioso para con las víctimas y sus familiares, confirmándose los temores ya entonces manifestados por nuestra organización sindical.
El dictamen técnico sobre el siniestro a elaborar por Aviación Civil, continúa inexplicablemente sin concluirse, habiéndose sólo emitido, después de doce meses de investigaciones, dos difusos informes provisionales que no aportan datos concluyentes que precisen circunstancias y responsabilidades en el accidente. Por otra parte, el trabajo del juez madrileño encargado de la Instrucción del caso, continúa paralizado ante los sospechosos obstáculos habidos para la selección de peritos imparciales que puedan elaborar un informe objetivo sobre las circunstancias del grave accidente. Para Intersindical Canaria, tales circunstancias inducen a pensar que desde medios oficiales se pretende alargar las investigaciones sine die para, posteriormente, cuando el tiempo cierre las heridas del impacto causado por las muertes de tantos inocentes, despachar el asunto con el consabido pretexto de “la confluencia y suma de varias circunstancias” como causante del accidente. Tal proceder pudiese tener como objetivo el eximir a la compañía aérea Spanair y a la Administración de las responsabilidades penales en las que pudiesen haber incurrido.
Para mayor escarnio, ahora se ha sabido que hace dos años, otro aparato MD 82, tuvo similares incidencias técnicas cuando despegaba de la Isla de Lanzarote, sin que el Gobierno haya cerrado aún las investigaciones, y lo más grave, sin desde entonces haber emitido alerta alguna para prevenir hechos como el que luego se repitió en Barajas.
El inhumano y ruin desdén del Gobierno de Madrid hacia las victimas y sus familiares, lamentablemente, ha sido secundado por el actual Gobierno canario.
Consideramos desde todo punto de vista imprudente y ofensivo el acuerdo que este mismo año firmó la Consejería de Sanidad con la compañía Spanair por el que se establecía presuntos beneficios para el desplazamiento de personas desde Canarias a las comunidades españolas por motivos sanitarios, acuerdo ampliable, además, a otros pasajeros de determinados organismos dependientes de la Consejería presidida por la Sra. Roldós. Paradójicamente, este “pacto de amistad”, sustituyó a las acciones legales contra Spanair que anunciara Paulino Rivero a primeros de septiembre del pasado año y que nunca se materializaron, sin que aún siquiera el Gobierno se haya personado como acusación en el caso. El agravio del ejecutivo canario va más allá, incumpliendo incluso la subvención económica prometida a los familiares de las víctimas en el objetivo de dar viabilidad a una Asociación de afectados. Frente al respaldo de todo tipo prometido a los parientes de las víctimas, la Compañía aérea se ha desentendido de todas sus obligaciones.
Intersindical Canaria, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe aérea, exige al Gobierno canario y a su Presidente una rectificación en su miserable conducta, para lo que deberá ejercer una política efectiva y mantenida de fiscalización sobre el Gobierno de Madrid en todo lo relacionado con las investigaciones y concreción de responsabilidades en el siniestro. Esas actividades tendrían que ser complementadas con iniciativas parlamentarias a través de los diputados canarios de CC y el PP en las Cortes españolas. En coherencia, el Gobierno deberá de dejar en suspenso cualquier acuerdo comercial con la compañía Spanair como el firmado el pasado mes de abril. Además, consideramos de carácter urgente y prioritario, la designación de una comisión oficial con directa dependencia del Ejecutivo canario que pueda dar satisfacción a las lógicas demandas y necesidades de los familiares de las víctimas.
Jaime Bethencourt Rodríguez
Intersindical Canaria
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