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       Canarias en general y los trabajadores de la pesca en particular, son los mayores perjudicados con la medida tomada por la Unión Europea de su suspensión unilateral del acuerdo pesquero con Marruecos. Nuestras islas son un territorio que, al igual que el Sahara Occidental, continúa siendo victima del colonialismo español y de un proceso trunco de descolonización que por una parte entregó ilegalmente a Marruecos el territorio saharaui y por otra mantiene a Canarias en condiciones de marginación y exclusión social que ocasionan que el archipiélago tenga el nivel de paro más elevado de todos los territorios que administra el Estado español.

      Con esta decisión se comete a Canarias desde la UE y España a un nuevo atropello, al no tener control de sus propias aguas territoriales,  perdiendo al menos 400 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos por no poder faenar en aguas que corresponden a Canarias en razones históricas y geográficas. No hay que olvidar que dichas zona marítima son y han sido históricamente y por tradición compartidas en lo que se ha conocido desde hace muchos años como el Banco pesquero canario- saharariano.

       Por otro lado y contrariamente a lo manifestado por la Unión Europea, la suspensión de facto del acuerdo pesquero entre la Comunidad Europea y Marruecos, planteado desde la teórica hipótesis del derecho del pueblo saharaui a la explotación de las aguas incluidas en el mismo, carece de efecto práctico más allá de un gesto testimonial favorable a la causa saharaui. Marruecos, pese a la suspensión del acuerdo, continuará en la práctica ejerciendo su control efectivo sobre esas aguas, e incluso, desde mañana mismo puede establecer un nuevo acuerdo con cualquier país no perteneciente a la UE:  

     Visto que la responsabilidad de este tema es fundamentalmente del Estado español, Intersindical Canaria exige al gobierno de dicho Estado que garantice y asegure ante la UE los puestos de trabajo de quienes siendo canarios pescan en el mencionado Banco Pesquero canario-sahariano. Esta demanda no es excluyente de la legítima aspiración del Archipiélago a establecer sus propias aguas territoriales y fijar la mediana con respecto al Sahara en la hipótesis futura de constitución de Canarias como  Estado. 

      En esta nueva decisión de Europa que viene a perjudicar nuevamente los intereses canarios, habría que preguntar al gobierno canario, qué incidencia va a tener en la cuestión pesquera la falacia de la llamada “delimitación de las aguas canarias” pactadas con Rodríguez Zapatero y que según anunciaron en su momento serían aprobadas por el Parlamento español antes de 31 de diciembre.  

Canarias, 18 de diciembre de 2011